‘El romance del
Kichi y la piruja’
J. Stiglitz
escribió un artículo traducido al diario Clarín donde habla del Griesafault.
Allí comenta el ‘sideral’ crecimiento de la deuda soberana de Argentina en los
90 ‘paralela’ a las reformas ‘neoliberales’. Aparte de que no sabemos que
significaría este insulto neológico (neoliberal) llamar a la experiencia Menem
algo parecido a liberal es un abuso del lenguaje. Más cerca a la verdad estaría
si hablase de neo-libertinismo, o neo-populismo en este caso. Menos se aplica ese
término al manejo robótico de la economía bajo el cultivador de bonsái, el ex
presidente De la Rúa.
Explica Stiglitz
en su artículo que pagar la deuda con los fondos holdouts de las
restructuraciones de 2005-2010 en los términos de la sentencia de Griesa
devastaría la economía argentina. En esto JS se hace eco de las prevenciones
del ministro de economía argentino Axel Kicillof de que la cláusula RUFO
permitiría a los bonistas que entraron en la renegociación (los llamados
holdins) reclamar un pago igual al de los fondos ‘buitres’ (los holdouts
litigantes). La mayor parte de los abogados especializados en litigios
internacionales de Argentina que se han pronunciado opinan que, siempre que
Argentina pague la sentencia Griesa, exactamente bajo lo dictado por ella, las
consecuencias de la RUFO podrían evitarse, aunque igual podrían generarse
litigios pero Argentina estaría en condiciones de ganarlos. Se ha dicho que si
Griesa nombró un ‘master’ en la persona de Daniel Pollack fue para no dejar
rastros de negociaciones entre las partes para que el acuerdo pudiese ponerse
bajo el paraguas de la sentencia.
De todos modos,
no deja de ser cierto que la peculiar interpretación de Griesa de la cláusula
pari-passu de los bonos remanentes de la restructuración ha creado un
cortocircuito con las condiciones de la renegociación y las particularidades de
los bonos emitidos en 2010 bajo distintas legislaciones y jurisdicciones. No
obstante, una vez firme la sentencia solo cabe acatarla y cumplirla, aunque
buscando con Pollack la forma menos dañina para las partes.
El ex ministro de
economía R. Lavagna, que intervino en la reestructuración de 2005, ha dicho en
varias entrevistas que era necesario salvar los contratos de 2005 y 2010,
aunque ha culpado a la presidente Cristina Fernández y sus equipos de descuidar
los peligros de ignorar los bonos no entrados en dichas renegociaciones que
llegaron a valer 5 mil millones de dólares en 2008 y pudieron ser comprados de
algún modo y evitar que ahora representen un pasivo eventual de 15 mil millones
(según la misma CFK). La posición de Lavagna, que parece haber sido consensuada
dentro del equipo del candidato a presidente Sergio Massa, consiste en que no
se podía pagar solamente a los holdouts litigantes que poseen solo un 1% del
100% en default en 2005, porque aún queda sin arreglar el resto que quedó fuera
del arreglo que es un 6%.
Contra esto otros
abogados dicen que hay que cumplir con la sentencia ahora y no se puede esperar
a acordar ya con el 6% restante. En todo caso eso queda para más tarde, después
de diciembre de 2014 cuando la cláusula RUFO pierde vigencia.
La posición de
Lavagna tiene varios puntos flojos. 1) aplaude que el gobierno, como si fuese
un mal menor, no haya pagado la sentencia. Pero no da alternativa, salvo que
hay que buscar una negociación por el 7% completo. En realidad, se pague o no a
este 1%, con la sentencia Griesa ya firme, igual el 6% restante puede reclamar por
el juicio, y hay abogados tratando de reunir holdouts en estas condiciones. 2)
Lavagna minimiza el peligro de la cláusula de 2010 llamada de ‘aceleración’,
por la que, ante un default un 25% de los bonistas holdins pueden pedir el pago
inmediato del total de las deudas de un bono determinado. Este riesgo no es
despreciable y se habla de un fondo que ya estaría tratando de reunir bonistas
para pedir la activación de la cláusula, lo cual se logra por medio de cartas
sin necesidad de litigar (en primera instancia). 3) los fondos ‘buitres’
aceptaban pago con bonos, más un depósito de garantía inicial, por lo cual lo
que se necesitaba era buscar un modo de que la garantía no violase la RUFO.
En realidad, lo
que hubiese correspondido era hacer una cuantificación de los riesgos y hacer
una estimación probabilística del costo en cada posible alternativa legal y
elegir la menos costosa. Esto no parece haberlo hecho nadie.
La presidenta
Cristina K dijo que no hay default porque hubo depósito y Griesa paró el pago,
pero de acuerdo a las cláusulas legales el pago se perfecciona solo cuando el
dinero es acreditado en las cuentas de los bonistas. Esto es así y contra la
opinión (tipo avestruz) de negarlo, están los hechos: la entidad privada (llamada
ISDA) que debía declarar el default para el pago de los CDS dictaminó por
unanimidad que se produjo un default. La prensa internacionalmente y los
organismos financieros consideran la Argentina unánimemente en default,
justifiquen o no el accionar del gobierno argentino, estén o no de acuerdo con
la sentencia de Griesa. Dos de las principales calificadoras internacionales ya
consideraron que Argentina está en un default selectivo. Algo parecido hizo la
calificadora china Dagong. Hasta el presidente de la Corte de Justicia Argentina,
Ricardo Lorenzetti, dijo ‘los fallos se cumplen, las deudas se pagan’, pero
después borró con el codo y dijo ‘con el límite de los derechos humanos’.
Después de
analizar el comportamiento de la presidenta y su ministro, hemos llegado a la
conclusión de que nunca tuvieron intención de pagarle a los holdouts otra cosa
que lo que hubiese correspondido si hubiesen entrado en la reestructuración.
En sede de Nueva
York mandaron a los abogados a decir que iban a acatar la sentencia, pero
esperaban que la Corte Suprema estadounidense fuera a tomar el caso, lo cual no
ocurrió. Ante esto no tenían previsto ninguna alternativa. Por otro lado, a
fines de 2013 hicieron pasar por el Congreso Nacional la ley 26886; esta ley
derogó una anterior llamada ley ‘Cerrojo’ que cerraba la posibilidad de reabrir
los canjes de 2010. La 26886, sin embargo prohíbe específicamente pagar a los
holdouts que quieran renegociar más que a los holdins. No hubo ningún amago de
modificar o derogar esta ley hasta que salió la resolución de la Corte Suprema
en junio de 2014, y esto muestra que no había intención de negociar. Caso
contrario se trataría de una falta de previsión, confiando en que había más
tiempo para hacerlo hasta que la Corte de EEUU decidiese hacer algo tras tomar
el caso.
Entonces, de acuerdo con lo prescripto por la 26886, pero sin invocarla, Kicillof, en la
mesa de negociaciones con Pollack, solamente ofreció pagar a los ‘buitres’ lo
mismo que a los holdins. Obviamente, los ‘buitres’ que fueron a juicio para
obtener mayor ganancia, con la sentencia a su favor, de ningún modo podían
aceptar tal propuesta. Esto, de parte del gobierno argentino, no era sino
simular negociar pero desacatar la sentencia.
Otro elemento que
convence acerca de las intenciones ocultas de CFK y Kicillof de no pagar la
sentencia es como se comportaron frente a un intento privado de llegar a un
arreglo con los ‘buitres’. Apenas se llegó a los últimos días previos a la
consumación del default el 30 de julio pasado, último plazo para pagarle a los
holdins, sectores dentro del gobierno argentino, identificados por los medios
como el Secretario C. Zannini y el Jefe de gabinete Jorge Capitanich
contactaron al presidente del BCRA Juan Fábrega para que tratase de reunir un
grupo de bancos que llegasen a un arreglo con los ‘buitres’ proveyendo fondos
para un depósito de garantía a cambio de una declaración de ‘stay’ o un ‘waiver’,
para levantar el embargo de los fondos depositados para el pago a los holdins,
esperando que el gobierno accediese a retomar la negociación en 2015, una vez
superado el problema de la cláusula RUFO. Estos banqueros iniciaron
negociaciones con los holdouts en Nueva York, pero tropezaron con la notoria
indiferencia del ministro Kicillof apenas este se enteró del tema. Es de
suponer que durante su viaje a Venezuela acompañando a CFK ese mismo día,
Kicillof haya terminado de convencerla de no acatar la sentencia. Esa misma
tarde, Kicillof, luego de reunirse con Pollack una vez más, petardeó la
propuesta de los bancos privados en una conferencia dada en el Consulado
argentino en N York. Esta posición fue totalmente ratificada en otra
declaración dada en la sede del Ministerio (MECON) en Bs Aires el día
siguiente, y por un discurso de la presidenta, donde ambos criticaron a la
cabeza visible de la negociación, el banquero Brito como si su objetivo hubiera
sido ‘ser como San Martín’ el salvador de la Patria, y otra serie de epítetos.
Si en vez de estar agradecidos y ser circunspectos con el tema, salieron a
bombardearlo, es claro que contrariaba sus planes. Todo el trámite del gobierno
en la semana siguiente, donde se hicieron grandes aspavientos con
manifestaciones patrioteras, supuestamente espontáneas, con eslóganes como
‘Patria o buitres’, mas una creciente avalancha de críticas acerbas a el juez
Griesa, al poder Judicial norteamericano, al mismo presidente Obama, etc.
Súmase a esto un intento de llevar el litigio a la corte Internacional de La
Haya, lo cual se sabía de entrada que EEUU no iba a aceptar.
En fin, se está
armando todo un circo populista para tratar de mejorar la imagen de CFK, con
miras a juntar unos votos en las elecciones de 2015, todo sin atender a los
grandes daños económicos que este proceder le traerá al pueblo argentino.
El gobierno
quiere tentar a los holdins para que dejen la jurisdicción de la Justicia
norteamericana y acepten la argentina, para así poder cobrar. Esto ignora que
muchos tenedores de bonos tienen restricciones estatutarias que no les permite
tomar cualquier jurisdicción, y menos la argentina cuya ’justicia’ está
seriamente cuestionada.
Aparentemente, un
objetivo de este operativo del gobierno es desligarse de las responsabilidades
por la recesión presente, que tiene miras de agravarse y que el gobierno
atribuye a una ‘conspiración internacional’. Según CFK apenas Argentina da
muestras de ser un país sustentable aparecen los ‘misiles’ y los ‘bombardeos’.
Anteriormente CFK decía que las dificultades se debían a que el mundo estaba en
problemas, pero esta excusa es cada vez menos creíble, puesto los países del
Norte empiezan a recuperarse de la crisis de 2008 mientras que los argentinos (junto
al Brasil del populista PT) van en la pendiente permanente.
Ahora, CFK niega
que el Norte esté mejorando y habla de la ‘conspiración’ internacional. Esto
sirve para justificar su vuelco hacia la influencia de China y Rusia, que
serían los únicos dispuestos a prestarle algunos dólares.
El plan aparente
de CFK y Kicillof consiste en no pagar la sentencia y, eventualmente,
renegociar toda la deuda (reestructurada o no) para forzar a aceptar la ley
argentina. Evidentemente esto, si fuese posible negociar en lo que le queda al
gobierno antes de irse a fines de 2015, solamente generaría una masa grande de
holdouts, pues muchos bonistas no pueden o no querrían aceptar la jurisdicción
legal argentina.
Pero esto es lo
que menos le importa a CFK, pues solo piensa en juntar algunos votos haciendo
propaganda acerca de la supuesta epopeya ‘ELLA contra el resto del mundo’
aunque deje un gran stock de deuda en litigio al que herede la presidencia.
Kicillof, según
se conoce, pretende lograr la renuncia del presidente del Banco Central (BCRA)
J Fábrega, para ubicar allí alguno de sus hombres. También Kicillof querría
posicionarse como Jefe de Gabinete en lugar de Capitanich, para manejar
completamente a gusto la economía.
Esto sería parte
del plan para posicionar a Kicillof como candidato a la presidencia de la
Nación por parte del oficialista FPV, desalojando al pretendiente gobernador
Daniel Scioli.
Algunos bancos
que tienen importantes stocks de bonos argentinos, ante la perspectiva cierta
que de profundizarse el default los bonos se depreciarán, junto a empresarios
varios que ven peligrar sus empresas por la cesación de pagos, están buscando
revivir una variante del arreglo privado con los holdouts comprando la
sentencia para durar hasta 2016, con la esperanza de que otro gobierno les
pague los gastos incurridos, más lograr hace negocios financiando al gobierno.
Incluso, se dice que algunos quieren incluir dentro de la negociación al BNDES
de Brasil para darle más peso ante CFK y tratar que no la objete.
El primer
problema que surge es que de ningún modo CFK o Kicillof (el ‘Kichi’) van a
colaborar con este tipo de arreglos, más bien los van a petardear porque
arruinan sus esperanzas de lucrar políticamente con el default.
Aparte, muchos
bancos y empresas encontraran grandes dificultades estatutarias para justificar
disponer de fondos para embarcarse en una aventura de dudoso final, salvo con
la perspectiva de que así evitarían pérdidas mayores. Los banqueros también
afrontarían el riesgo de que su accionar se considere un delito de actuar
ayudando al gobierno argentino a evadir una sentencia actuando como proxies
ante los holdouts.
Algunos creen que
CFK va a dejar que Kicillof profundice sus maniobras económicas mientras su
propia imagen se agrande en las encuestas. Si viera que la situación económica
empeora podría virar hacia comportamientos más usuales. Esta posibilidad no
deja de tener cierta verosimilitud, CFK no vacilaría en dar un vuelco con tal
de terminar su período conservando su capital político, aunque tenga que
frustrar a su circunstancial compinche. No es la primera vez que aligera lastre
cuando se ve en dificultades. Pero esta variante parece difícil que llegue a
llegar a buen puerto para ella, porque no dejaría de cumplirse que cada vez que
los K enmiendan un error el parche termina agravando la situación. El problema
central deriva de la inclinación por el gasto desmesurado implícita en la ‘CFKnomics’,
y esto Cristina no dejará de usarlo como arma política y receta única para
enmendar la economía. Cuando los efectos del default empiecen a ser evidentes,
probablemente será ya tarde para hacer otro cambio importante.
En resumen,
Cristina Fernández en complicidad con el ‘Kichi’ trama, o traman, llegar a un
largo default, probablemente de toda la deuda externa, para renegociarla y,
mientras tanto, sacar provecho político con vista a aumentar el caudal
electoral de las elecciones de octubre de 2015.
