El índice ‘destomatado’ de Guillermo Moreno

El 22 de septiembre de 2011 la dirección del Mercado Central de Buenos Aires informó que se suspendía la venta de tomates en sus instalaciones debido a la suba registrada en el precio que fue atribuida a la rotación de las zonas de cultivo.

El diario La Nación en la edición de ese día explicaba que el tomate había llegado a venderse a 18 pesos el kg en forma similar a lo ocurrido en temporadas anteriores debido a que escaseaba el tomate proveniente del Norte y todavía no entraba el de la Provincia de Buenos Aires. El diario recogía la opinión de un experto que indicaba que el Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que ejerce control sobre la jefatura del Mercado, quería lograr un acuerdo para bajar el precio de este fruto.

Entre gente del sector se comentaba que la suspensión no afectaba al resto de los mercados donde el tomate se seguía vendiendo al precio anterior. Lo que lograba la Secretaría con la suspensión era, o bien que el precio en el Mercado bajase mediante un acuerdo con los proveedores (como ocurrió al día siguiente), o bien que no hubiese tomate en el momento en que la gente del INDEC muestrea precios para la elaboración del IPC. En ambos casos el Índice de Precios al Consumidor resultante no reflejaría los picos en el precio del tomate.

El diario comentaba que este tipo de suspensiones se habían producido ya repetidamente para otras verduras.

Hemos hablado en entradas anteriores sobre el repetido interés que la Sra Presidente mostró por el precio del tomate en un discurso pronunciado precisamente en este Mercado Concentrador (ver entradas de los días 8/6/2011, 11/08/2011 y 30/08/2011). Explicamos entonces que a los efectos de calcular el IPC del mes correspondiente no se debía excluir al precio de este fruto, en caso de que estuviese incluido dentro de la canasta correspondiente, y que la estacionalidad se podía compensar al elaborar el índice desestacionalizado.

Tomar atajos para hacer bajar el precio de uno o más componentes de la canasta familiar para lograr reducir el incremento del índice de precios al consumidor es un hecho de mala fe, casi un delito de falsificación de instrumento público, que por eso ha sido criticado por varias instituciones, entre otras, por el FMI.

Estas maniobras se parecen y hasta superan en malicia a la confección de índices de precios ‘descarnados’, es decir que excluían la carne, en la época del ex ministro José Martínez de Hoz.

La evolución de precios del tomate, a modo ilustrativo, en pequeñas tiendas (verdulerías) de la ciudad de Buenos Aires había partido de niveles de unos 6 pesos por kilogramo en agosto y llegando, en pocas semanas a 15 pesos para tomates de buena calidad o 12 pesos para los de calidad inferior. En el supermercado la evolución pudo haber sido desde 8 pesos hasta 17 los días previos a la medida en el Mercado Central. Unos días después del acuerdo con el Mercado Central el tomate bajó en las verdulerías de barrio a $9 por kilogramo (se ignora el detalle de las causas). En este ínterin el resto de las verduras y frutas no han tenido mayores cambios de precios.

Con estas maniobras pueriles la Secretaría de Comercio pretende tapar el cielo con un harnero, como si los consumidores no experimentasen los incrementos de precios cada vez que van a hacer las compras de todos los días. El escándalo del INDEK ha cobrado tan dimensión, no solo por la falsificación de estadísticas sino por la expulsión de personal valioso amedrantado por agentes ingresados con la intervención al Instituto y las repercusiones internacionales, que vale preguntarse si la persecución con multas y denuncias penales a las consultoras que elaboran estimaciones independientes del IPC tiene por objeto solamente acallar las voces disidentes o pretende evitar las denuncias penales eventuales por los manejos irregulares dentro del INDEK.

Cuando se deja el manejo de cuestiones delicadas que afectan tantos patrimonios, como son los valores de los bonos indexados emitidos por el Estado Argentino, en manos de personajes fanatizados y poco escrupulosos se sabe donde se empieza, no donde se termina.

Cada día estos procedimientos irregulares se parecen más a los de la escuela venezolana o ecuatoriana en materia de intimidación y acallamiento de toda oposición o crítica. La responsabilidad última está siempre en cabeza del Estado, pues no puede alegarse ignorancia en estos temas tan conocidos y comentados. ¿Será esto parte de la tan mentada ‘profundización del Modelo’?